Las principales compañías tecnológicas y de Internet de EEUU, junto a grupos de interés de diferentes tendencias políticas, se han unido para tratar de presionar al Congreso para reforzar la protección de los datos privados en la Red frente al acceso del Gobierno a los mismos.
Google, Microsof, eBay y AT&T, entre otras, así como organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, la American Civil Liberties Union y el Center for Democracy and Technology han creado una coalición llamada Digital Due Process que promueve una modernización de las leyes de vigilancia para la era electrónica.
Se trata de actualizar la legislación de 1986, la Electronic Communications Privacy Act (ECPA), anterior a la explosión y popularización de Internet. Como líneas principales, buscan que se aumenten las garantías de protección de los datos almacenados en la Red (en la 'nube') y su seguimiento.
La coalición -que aglutina a más de una treintena de miembros procedentes de la industria, de los grupos a favor de la privacidad y del mundo académico academia- considera que la ECPA es "un mosaico de normas confusas que se han interpretado de manera inconsistente por los tribunales".
Este grupo pide que cualquier entidad gubernamental que exija a un proveedor de cable o de Red, o a un prestador de servicios, determinada información privada, sólo pueda hacerlo con una orden de registro justificada por una causa probable. Lo mismo piden para el seguimiento de una comunicación móvil, así como la el seguimiento de información a tiempo real, como correos electrónicos y servicios de mensajería instántánea.
La coalición también recomienda que sea necesaria una orden judicial para registros físicos en ordenadores sospechosos.
Según informa la BBC, los miembros de este grupo ya han tenido contactos con la Casa Blanca, el FBI y los departamentos de Justicia y Comercio, y reconocen que el debate será largo. Kevin Bankston, un abogado de la Electronic Frontier Foundation, reconoció en declaraciones a The New York Times que varios miembros de la coalición mantienen discrepancias entre ellos, aunque remarcó que todos ellos están de acuerdo en que la ley ha de actualizarse para reflejar los cambios tecnológicos.
Fuente: elmundo.es
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