Caracas, 31 ago (EFE).- Diputados venezolanos promueven la aprobación de
medidas que permitan bloquear los móviles robados y sanciones para quienes
adulteren los seriales de los equipos, en un intento por frenar el hurto de
teléfonos y los delitos asociados, como el homicidio, dijo hoy el legislador
opositor Ricardo Sánchez.
El diputado, de la fuerza Un Nuevo Tiempo, explicó a Efe que la Comisión
Especial de la unicameral Asamblea Nacional sobre Robo y Hurto de teléfonos
celulares y delitos conexos ha propuesto una providencia o medida administrativa
y modificaciones al Código Penal ante los 110.000 casos de robo de estos equipos
denunciados al mes.
"Se pretende avanzar sobre el bloqueo de los teléfonos provenientes del robo,
hurto y extravío", explicó Sánchez, quien señaló que en Venezuela "cada minuto
roban entre dos y tres" celulares.
Admitió, sin embargo, que la situación en otros países es más compleja.
"En Venezuela en los últimos tres años se han robado 2,5 millones de
teléfonos celulares, esa es la cifra anual de Colombia", sostuvo y detalló que
este tipo de delitos genera pérdidas por 400 millones de dólares.
Sánchez explicó que en lo que va de este año "pública, notoria y
comunicacionalmente" se han reportado 20 homicidios vinculados con BlackBerry,
pese a que dentro del universo de equipos robados, estos representan un 9 %.
Indicó que prevén atacar el problema con una providencia avalada por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), la cual
establecerá que las empresas de telefonía implementen un sistema automatizado de
captura del Identificador Internacional del Equipo Móvil (IMEI, por su sigla en
inglés).
Asimismo, se buscará que las operadoras conformen una base de datos unificada
de denuncias, con la cual se evitaría que los teléfonos de una compañía puedan
activarse en otra si han sido robados.
En el ámbito legal plantean reformas al Código Penal que permitan tipificar
como delito la modificación por parte de personas que no sean fabricantes de los
seriales de los equipos telefónicos, que se denominaría alteración
fraudulenta.
También se busca penar a quienes hagan aprovechamiento de bienes producto de
delito, en este caso, la venta de teléfonos robados.
Sánchez dijo esperar que en la primera semana de septiembre esté lista la
providencia administrativa, mientras que para la segunda semana de ese mes se
presentará a consideración de la Asamblea.
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